El acceso al expediente de contratación es crucial para la transparencia y la defensa de las empresas en licitaciones públicas, aunque en la práctica se enfrenta a barreras administrativas como restricciones injustificadas y dilaciones. A pesar del marco normativo que ampara este derecho (Constitución, LCSP, Ley de Transparencia), la aplicación discrecional de la confidencialidad, las condiciones de acceso deficientes y la falta de homogeneidad telemática menoscaban su efectividad. Para garantizar un acceso real, se proponen una mayor estandarización, una interpretación rigurosa de la normativa y la implementación de herramientas digitales, junto con la formación de los responsables de contratación.