Se critica la incapacidad de aplicar directamente la Constitución española por jueces, limitando los derechos constitucionales de los ciudadanos. Además, se propone reformas para que los ciudadanos puedan impugnar leyes vulneradoras de sus derechos y que los jueces apliquen la Constitución como fuente principal del derecho. Comparando con otros sistemas, urge expandir la jurisdicción constitucional en España.