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En un momento en el que el legislador parece pretender, una vez más, dar un definitivo impulso a la atribución de la instrucción de las causas criminales al Ministerio Fiscal, en detrimento de la actual figura del juez de instrucción, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, negando en todo momento la independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal, está dictando resoluciones que cada vez están poniendo coto a más amplias esferas de su capacidad de iniciativa en la investigación criminal. Tal tendencia llega a poner incluso en cuestión la necesidad y utilidad de una reforma legal que tanto calado podría tener en nuestro ordenamiento procesal penal, con último reflejo en la reactivación del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020; sin que, además, en ningún momento se hubiera llegado a cuestionar por parte del TJUE la contrariedad con el Derecho de la Unión del actual sistema de investigación basado en la dirección por parte de un juez instructor.
