La Ley 38/2003 plantea retos en la justificación de subvenciones locales, agravados por el uso de anticipos. Esto dificulta el control del gasto y puede generar doble financiación o fraude. Es clave reforzar el control interno con formación técnica y sistemas de seguimiento. Los protocolos deben incluir verificación documental, control de ejecución y conciliación contable. Así se asegura una gestión pública legal, eficiente y transparente.