Se trata de analizar el acto firme o consentido y las consecuencias que sobre ellos genera la declaración de inconstitucionalidad de la norma sobre la que se basan estos actos. Tras realizar un repaso de las declaraciones de inconstitucionalidad y observar como el Tribunal Constitucional se ha atribuido la facultad de fijar los efectos de sus sentencias, observaremos como el Tribunal Supremo se ha atribuido también la facultad de fijar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, atribución posteriormente consolidada por la legislación de procedimiento administrativo. El resultado es variado, actos inatacables, actos que pueden ser revisados, actos que no pueden ser revisados, pero generan la responsabilidad patrimonial. El resultado es complicado y se observa que evoluciona a golpe de jurisprudencia.