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Tras la derogación del Real Decreto ley 7/2025, analizamos la nueva oportunidad del Gobierno para dar seguridad jurídica al sector eléctrico, no limitándose a introducir la medida de suspensión de plazos para acreditar los hitos administrativos de los proyectos eléctricos. Esta medida, tal y como estaba prevista en el texto que se sometió al Congreso de los Diputados el pasado 22 de julio, era útil pero insuficiente al no existir una estrategia integral que abarque toda la tramitación de los proyectos para evitar la suspensión de la eficacia de las autorizaciones administrativas (de cualquiera de ellas, incluidas licencias, permisos medioambientales, sectoriales, etc.).
