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La Constitución española dejó claros dos principios al configurar el diseño territorial del Estado: la «indisoluble unidad de la nación española» y el derecho a la autonomía de «las nacionalidades y regiones». En ese marco, resulta inadmisible plantear la independencia de una parte de España, ya que ello exigiría cambiar la Carta Magna. El autor de este artículo propone la reforma del Senado para que se convierta en una verdadera Cámara de asuntos territoriales.
