Acceso usuarios
Carmen Casado Rodríguez
La SAN 18/2025, de 4 de julio, juzga una diversidad de figuras delictivas (delitos contra la Hacienda pública, organización criminal, estafa procesal, falsedad documental o insolvencia punible) por las que se acusa al titular y a varios de los clientes del despacho Nummaria y que, en buena parte, están relacionados de algún modo con el ejercicio de la actividad profesional del abogado y asesor fiscal.Estos delitos se encuadran dentro de un complejo entramado societario utilizado en la operativa defraudatoria y diseñado por el titular del despacho, con la intervención de una amplia variedad de sociedades interpuestas –entre ellas, uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico o comunidades de bienes– domiciliadas en España y en el extranjero –Reino Unido, Panamá, Costa Rica, Suiza, Portugal, etc.–. El trabajo se centra en dos cuestiones: la primera, de carácter procesal, silenciada o aludida incidentalmente y de soslayo en la sentencia, examina cuál fue el papel de la Agencia Tributaria en la puesta en marcha del proceso penal o, en otros términos, cómo se descubrieron y se aportaron al proceso los hechos incriminatorios que terminaron siendo decisivos para funda-mentar la acusación y la condena; la segunda se ciñe al análisis de la responsabilidad penal del titular del despacho no como contribuyente y autor directo de los delitos fiscales propios, sino en su condición de abogado y asesor fiscal y, como tal, partícipe a título de cooperador necesario en los delitos fiscales cometidos por algunos de sus clientes
The SAN 18/2025, of July 4, adjudicates a range of criminal offenses for which the owner and several clients of the Nummaria law firm are accused. Some of these charges are related to the professional activity carried out by the accused as a lawyer and tax advisor.These offenses are framed within a complex corporate structure designed by the head of the firm and used in the fraudulent operation, with the involvement of a wide variety of interposed companies, some located in Spain and others in foreign jurisdiction.This study focuses on two issues. The first, of a procedural nature and barely mentioned in the judgment, examines the role of the Tax Agency in initiating the criminal proceedings. The second issue focuses on the analysis of the criminal liability of the head of the law firm in his professional role as a lawyer and tax advisor, and, as such, as a participant as a necessary cooperator in the tax crimes committed by some of his clients.
