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Antonio Yagüe Cuesta
El vigente texto refundido de la Ley de Suelo ha sufrido, desde su aprobación en 2015, cinco modificaciones legislativas y dos sentencias declarando inconstitucionales algunos de sus artículos. La inmensa mayoría del arco parlamentario y del sector inmobiliario coincide en la necesidad de acometer otra serie de cambios legales en un momento de alza ininterrumpida del precio de la vivienda. El régimen de invalidez de los instrumentos de planeamiento, la acción pública urbanística, la rigidez del procedimiento de emisión de los informes sectoriales y la corrección de aquellos artículos inconstitucionales son algunos de los extremos de una reforma que no sale adelante por motivos electorales. Los partidos mayoritarios, coincidiendo en el fondo de dichas modificaciones, rechazan cualquier iniciativa que provenga del otro sector.
The current consolidated text of the Land Law has undergone five legislative amendments and two court rulings declaring some of its articles unconstitutional since its approval in 2015. The vast majority of the parliamentary spectrum and the real estate sector agree on the need to implement another series of legal changes at a time of uninterrupted increases in housing prices. The invalidity regime of planning instruments, public urban planning action, the rigidity of the process for issuing sectoral reports, and the correction of the unconstitutional articles are some of the key points of a reform that has not moved forward due to electoral reasons. The major political parties, despite agreeing on the substance of these changes, reject any initiative that comes from the opposing side.
