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Resumen Siempre se ha creído que bajo la premisa del artículo 125 de la Constitución el principio del mérito es el que debe primar al momento de otorgar beneficios públicos en Colombia. Sin embargo, las entidades públicas usan y abusan de la famosa figura del literal h, numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150. Esta investigación tiene como finalidad abordar el contrato de prestación de servicios profesionales, que versa sobre una obligación de hacer. Se busca responder a la pregunta cuál es el alcance del uso de la figura del contrato de prestación de servicios vía la modalidad de contratación directa. La metodología utilizada es analítico-descriptiva, en el sentido de que se toman diferentes entidades públicas entre los años señalados para describir si su actuación se ajusta a lo normado. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico constituye el elemento esencial de este contrato; la vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y es indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Pero esta no es la realidad. Se concluye que el Estado acude a esta figura para vincular personal de planta con el fin de "pagar favores" o vincular a personal por fuera de las vías consagradas en la Ley y en la Constitución.
Abstract It has always been believed that under the premise of article 125 of the Colombian Constitution, the principle of merit is the one that should prevail when granting public benefits in Colombia. However, public entities use and abuse the famous figure of literal h, numeral 4, article 2 of Law 1150. This investigation will have as its purpose the contract for the provision of professional services, which deals with an obligation to do. The autonomy and independence of the contractor from the technical and scientific point of view constitutes the essential element of this contract; the validity of the contract is temporary and, therefore, its duration must be for a limited time and the essential time to execute the agreed contractual object. But this is not reality. The state resorts to this figure to link plant personnel or to grant the benefits of a contract of these to "pay favors".
