Acceso usuarios
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Berezovska-Chmil, Olena
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Kobets, Yuliia
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Bortnikov, Valerii
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Panasiuk, Oleksandr
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Estados Unidos
El análisis se centra en cómo las normas anticorrupción garantizan la seguridad nacional y la respaldan en tiempos de guerra, cuando la corrupción pone en peligro la estabilidad. El presente estudio examina si las normas anticorrupción y los sistemas institucionales existentes contribuyen a proteger eficazmente la seguridad nacional. Los métodos de investigación comparan diferentes leyes anticorrupción, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Directiva PIF (Directiva de Protección de los Intereses Financieros de la Unión Europea) y la legislación nacional ucraniana. Esta investigación utiliza mediciones cuantitativas del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) junto con sistemas informáticos para detectar la corrupción. Los hallazgos demuestran que, cuando los Gobiernos se mantienen al margen de las iniciativas anticorrupción y las instituciones apoyan la estabilidad política, combinada con la apertura económica, es posible crear unidad social. Por lo tanto, comparar los marcos internacionales, en especial la Directiva PIF, con las condiciones ucranianas se puede impulsar los esfuerzos para adaptar la política anticorrupción ucraniana a sus necesidades específicas. Asimismo, las tecnologías digitales fomentan la transparencia, según una investigación que muestra cómo los sistemas de monitorización de inteligencia artificial (IA) y los sistemas electrónicos para la compra de artículos contribuyen a lograr este objetivo. Por otro lado, la corrupción en tiempos de guerra impide el desempeño eficaz de las fuerzas armadas, a la vez que conduce al uso indebido de recursos y a la pérdida de apoyo público. El análisis muestra que las naciones deben desarrollar métodos sólidos de prevención de la corrupción en conflictos híbridos para defender sus intereses de seguridad. Los resultados contribuyen a la formulación de propuestas de políticas anticorrupción para Ucrania, centradas en el fortalecimiento de la legislación y las plataformas digitales, con lo que también se preserva la autonomía de las instituciones anticorrupción. Los hallazgos ayudan tanto a expertos como a funcionarios de la administración pública a mejorar la gobernanza y la seguridad, tanto para académicos como para legisladores. Estos hallazgos indican que los investigadores deberían examinar el éxito a largo plazo de las medidas anticorrupción y su capacidad para fortalecer la resistencia nacional ante amenazas externas.
The analysis focuses on how anti-corruption rules ensure both national security and support it during times of war when corruption endangers stability. Our study checks if existing anti-corruption rules and institution systems help protect national security effectively. The research methods compare different anti-corruption laws, including the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), the PIF Directive (Protection of the European Union's Financial Interests Directive), and the Ukrainian national legislation. This research uses both quantitative Corruption Perception Index (CPI) measurements alongside computer-based systems to spot corruption. Our findings prove that, when governments stay separate from anti-corruption efforts and institutions support political stability combined with economic openness, it is possible to create social unity. Therefore, comparing international frameworks, especially the PIF Directive, against Ukrainian conditions can boost efforts to adapt the Ukrainian anti-corruption policy to its unique requirements. Likewise, digital technologies assist transparency according to research that shows how artificial intelligence (AI) monitoring systems and electronic systems for purchasing items help achieve this goal. On the other hand, corruption during wartime prevents the military from performing effectively while leading to wrong resource usage and losing public support. The analysis shows that nations must develop strong corruption prevention methods in hybrid conflicts to defend their security interests. The results help create anti-corruption policy suggestions for Ukraine that focus on strengthening legislation and digital platforms while preserving autonomy of anti-corruption institutions. Our findings help both experts and officials of public administration improve governance and security for both academics and policy makers. These findings indicate that researchers should inspect the long-term success of anti-corruption actions and their ability to strengthen national resistance against external danger.
