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El ejercicio de la potestad sancionadora por las distintas Administraciones Públicas españolas, amparado legalmente, frente al personal a su servicio y, especialmente, frente al funcionariado público, ha supuesto ciertas dudas con respecto al estatus jurídico que ostentan aquellas en los procedimientos sancionadores incoados al efecto y, más concretamente, importantes incógnitas acerca de la eventual posición de la Administración Pública como parte interesada en dichos expedientes, a fin de instar la continuación del procedimiento sancionador en casos de pérdida de la condición de funcionario público. Cuestiones que han traído como consecuencia pronunciamientos recientes por parte del Tribunal Supremo, que han venido a zanjar toda incógnita latente.
