Resumen de La exclusión de la exoneración del crédito público: ¿Una decisión justificada y proporcional?

Miquel Aznar Company

• español

  La exclusión del crédito público de la exoneración contenida en el artículo 489.1.5º del TRLC ha sido uno de los puntos más debatidos en la transposición de la Directiva 2019/1023 al Derecho español. Esta exclusión generó dudas sobre su compatibilidad con la normativa europea, lo que llevó a varios tribunales nacionales a plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En 2024, el TJUE aclaró que los Estados miembros pueden excluir el crédito público siempre que exista una justificación adecuada y se respete el principio de proporcionalidad. El propósito del presente artículo es doble: por una parte analizar como los órganos nacionales vienen trasladando los criterios fijados por el TJUE en sus sentencias sobre la materia, y por otra estudiar como la exoneración del crédito público es abordada en los ordenamientos de nuestro entorno. Todo ello en aras de determinar si la del crédito público resulta debidamente justificada y proporcional, y por ende compatible con la Directiva 2019/1023.

• English

  The exclusion of tax debts from discharge, as set out in Article 489.1.5º of the TRLC, has been one of the most debated issues in the transposition of Directive 2019/1023 into Spanish law. This exclusion raised concerns about its compatibility with EU regulations, leading several national courts to refer preliminary questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU). In 2024, the CJEU clarified that Member States may exclude public credit, provided such exclusion is properly justified and respects the principle of proportionality. The purpose of this article is twofold: on the one hand, to analyze how national courts have been applying the criteria established by the CJEU in its rulings on this matter; and on the other hand, to examine how public credit discharge is addressed in the legal systems of neighboring countries. All of this aims to determine whether the exclusion of public credit is duly justified and proportionate, and therefore compatible with Directive 2019/1023.