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Daniel Santiago Marcos
El presente artículo aborda el régimen jurídico de la obligación de rendición de cuentas por parte de las Corporaciones locales que permite a los órganos de control presupuestario externo del Estado y las Comunidades Autónomas fiscalizar la planificación presupuestaria municipal en cumplimiento del principio de transparencia. El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo autonómicos vienen subrayando reiteradamente en sus informes la inobservancia de este deber por un gran número de entidades locales, circunstancia que ha generado la necesidad de implantar distintas medidas legislativas tendentes a asegurar el cumplimiento de la obligación. El Estado ha dispuesto para las Corporaciones Locales infractoras una retención de las participaciones en sus ingresos, mandato que tiene un carácter potestativo y viene siendo ignorado reiteradamente por los órganos competentes para ejecutarlo. Algunas Comunidades Autónomas también han introducido una retención de las participaciones en sus ingresos, en este caso obligatoria, y han añadido adicionalmente condicionantes para la concesión de subvenciones y ayudas públicas a las Corporaciones locales infractoras, con una configuración heterogénea que, a pesar de mostrar notables deficiencias, ha cosechado mejores resultados.
This article deals with the legal regime of the obligation of accountability by local corporations that allows the external budgetary control bodies of the State and the Autonomous Communities to audit municipal budgetary planning in compliance with the principle of transparency. The Court of Auditors and the Autonomous External Control Bodies have repeatedly stressed in their reports the failure to comply with this duty by a large number of local entities, a circumstance that has generated the need to implement different legislative measures aimed at ensuring compliance with the obligation. The State has provided for the offending Local Corporations to retain their shares in their income, a mandate that has a discretionary nature and has been repeatedly ignored by the bodies competent to execute it. Some Autonomous Communities have also introduced a mandatory withholding tax on their income and have additionally added conditions for the granting of subsidies and public aid to offending local corporations, with a heterogeneous configuration that, despite showing notable deficiencies, has achieved better results.
