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Lucía Martínez Garay 
Este trabajo no discute que los Estados puedan estar obligados a proteger los derechos fundamen-tales frente a los ataques de que son objeto por parte de particulares. Pero se defiende que dichas obligaciones no alcanzan al derecho penal. En primer lugar, porque las razones que avalan la exis-tencia de obligaciones de tutela en otras ramas del ordenamiento jurídico no son trasladables al derecho penal. Para demostrarlo, se compara cómo nacieron y se han aplicado, en la jurispruden-cia del tribunal constitucional alemán, el efecto horizontal de los derechos fundamentales entre particulares en el derecho civil o laboral (Drittwirkung), por un lado, y los deberes de protección penal (strafrechtliche Schutzpflichte), por otro. En segundo lugar, porque en derecho penal estas obligaciones no funcionan como lo hacen en esos otros ámbitos: en el derecho penal debilitan los derechos fundamentales del acusado, reducen el ámbito legítimo de juego del legislador, y permiten a los tribunales constitucionales imponer en temas polémicos determinadas opciones de política criminal haciéndolas pasar por las únicas compatibles con el respeto a los derechos fundamentales. Esta tesis se ejemplifica con los casos del aborto y de la custodia de seguridad
This paper does not dispute the thesis that states may have a duty to protect fundamental rights from attacks by private individuals. However, it argues that these obligations do not extend to criminal law. This is firstly because the reasons that support the existence of positive protective duties in other branches of the legal system cannot be transferred to criminal law. To illustrate this, the paper draws a comparison between the horizontal effect of fundamental rights between priva-te individuals in civil or labour law (Drittwirkung) and criminal protection obligations (strafrechtli-che Schutzpflichten) as they have arisen and been applied in the case law of the German Constitu-tional Court. Secondly, these obligations do not function in criminal law as they do in these other areas. In criminal law, they weaken the fundamental rights of the accused, reduce the legitimate scope for action of the legislator, and allow constitutional courts to impose certain criminal policy options on controversial issues as the only ones compatible with respect for fundamental rights. This thesis is exemplified by the cases of abortion and secure preventive detention
