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Alejandra Selma Penalva
Hace ya tres años, nuestro TS (Sala de lo Social), con su sentencia de 28 de enero de 2022 (rec. 3781/2020), solventó un conflicto interpretativo clásico vinculado a los supuestos de reversión o remunicipalización de un servicio público, confirmando que, en estos casos, el personal laboral fijo afectado por la reversión (si es que ésta reúne las características suficientes para poder considerarla un fenómeno de sucesión de empresa), también se incorporará a la entidad pública como personal fijo, sin necesidad de haber superado proceso selectivo de ninguna clase. Se trata de una respuesta en la que, apoyándose en la Directiva 2001/23/CE, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas y de centros de trabajo, sin duda se deja entrever una muy clara interpretación pro operario, aunque no por ello deja de ser polémica, porque llega al extremo de invisibilizar el principio constitucional que exige que el acceso al empleo público se realice respetando los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En el presente trabajo se ponen de manifiesto los aspectos más controvertidos vinculados a la incidencia laboral de la reversión de los servicios públicos al mismo tiempo que se analizan las verdaderas repercusiones laborales que tendrá la puesta en práctica de esta postura interpretativa.
Three years ago, our Supreme Court, with its rulings (Social Division), dated January 25 and 28, 2022 (rec. 3781/2020 and rec. 1248/2021 respectively), attempted to resolve a classic interpretative conflict linked to the cases of reversion or remunicipalization of a public service, confirming that in these cases, the permanent labor staff affected by the reversion (if it meets sufficient characteristics to be considered a business succession phenomenon), will also join the public entity as permanent staff, without having to have passed any kind of selective process. This is a response which, based on Directive 2001/23/EC on the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings and workplaces, undoubtedly reveals a very clear pro-worker interpretation, although it is nonetheless controversial, because it goes so far as to render invisible the constitutional principle which requires that access to public employment be carried out in compliance with the principles of equality, publicity, merit and capacity. This paper highlights the most controversial aspects linked to the labour impact of the reversion of public services, while analysing the true labour repercussions that the implementation of this interpretative position will have.
