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Ana Montiel Vargas
El presente artículo analiza el modelo español de inserción social por medio de la actividad laboral que se caracteriza por la concurrencia de dos entidades jurídicas: empresa de inserción (EI) y entidad promotora (EP) participante. Tras introducir ambas figuras y las clasificaciones empresariales en las que se encuentran, se estudia su origen en Derecho Comparado, a través de las regulaciones de dos países de nuestro entorno cómo son Francia, e Italia. Posteriormente, se analizan las ventajas y limitaciones de las formas jurídicas más adecuadas para ser EI y EP, destacando en las primeras la SRL y, en las segundas, las asociaciones o fundaciones. Además, en ambas figuras también se realiza hincapié en las cooperativas. Finalmente, se concluye que el modelo actual presenta limitaciones y que, aunque cuenta con una reforma legislativa en curso, esta no aboga explícitamente por flexibilizar la estructura actual, lo que sin duda sería beneficioso.
