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Rubén Colón Morales
Como todo modelo empresarial, el cooperativismo precisa de normas jurídicas que se ajusten a su naturaleza, y que le permitan resolver las controversias que surgen en sus operaciones de forma coherente con sus valores y principios. Aun cuando la doctrina cooperativista reconoce la importancia de contar con personas educadas en sus fundamentos filosóficos para garantizar la buena marcha de estas empresas; nuestro estudio de las legislaciones latinoamericanas revela escasez de normativa sobre los estándares jurídicos de comportamientos exigibles de los participantes del quehacer empresarial cooperativista, en los distintos roles que asumen como sujetos particulares del Derecho Cooperativo. Afín con la Doctrina de los Actos Cooperativos, y conscientes del debate doctrinario sobre si los principios cooperativos constituyen un imperativo legal en la gestión cooperativa, analizamos la importancia de visibilizar esas categorías de sujetos particulares del Derecho Cooperativo, para así poder desarrollar estándares conducta legalmente exigibles de los mismos.
