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Rafael Chaves Ávila 
Es un hecho que la economía social constituye, en esta tercera década del siglo XXI, un componente estructural de los sistemas socioeconómicos a escala mundial y por tanto un objeto de estudio pertinente para las ciencias sociales, económicas y jurídicas. Conforma una realidad heterogénea condicionada por los marcos institucionales y las trayectorias históricas de cada país. El peso económico global de este sector y su capacidad para generar valor en múltiples dimensiones, tanto productivas como sociales, son importantes y crecientes (CIRIEC/EESC, 2017; Chaves et al., 2013): así lo constata el informe de la Comisión Europea (2024), el cual revela que, en 2021, la economía social de la Unión Europea contaba con más de 4,2 millones de empresas y entidades, que empleaban a más de 11,5 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 6,4 % de la población ocupada.
