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La investigación de las filtraciones de información judicial reservada en un proceso penal se enfrenta frecuentemente al obstáculo que representa el derecho del periodista a no revelar sus fuentes. El ordenamiento jurídico español, a diferencia de otros, no contempla una regulación expresa sobre este derecho, y es la jurisprudencia la que determina aquellos casos en los que es posible practicar diligencias que sirvan para identificar al autor de la filtración, de una manera restrictiva y dejando escaso margen de maniobra. En este contexto, entra en juego el Reglamento UE 2024/1083 sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Se trata de una norma que incluye ciertas previsiones que afectan de manera directa a la eventual preservación del anonimato de las fuentes periodísticas en el curso de una investigación penal. Previsiones que van desde una eventual obligación a revelar las fuentes de información hasta la posibilidad de instalar programas espía en los dispositivos utilizados por los periodistas. El presente trabajo analiza las disposiciones reglamentarias, con vistas a determinar hasta qué punto su entrada en vigor supone un cambio de tendencia que permita ampliar los supuestos en los que sea posible quebrantar el espacio inviolable que hasta ahora ha ocupado el derecho del periodista a no revelar sus fuentes.
