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Elena López Barba 
La Ley Orgánica 5/2024 ha modificado a través de su Disposición final quinta lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021 a fin de prorrogar su periodo de vigencia otros 3 años. Hasta aquí nada de particular, sino fuera porque al tiempo de realizarse esta modificación el plazo previsto en el texto original de la norma ya había expirado. A propósito de este incidente, se propone una reflexión sobre la importancia de las Disposiciones transitorias, y la necesidad de su correcto tratamiento, para descender después a lo particular, por cuanto entender o no prorrogado el plazo inicialmente previsto de 3 a 6 años tiene una incidencia directa en el disfrute efectivo de los derechos y libertades, en condición de igualdad, por las personas con discapacidad. Todo ello, porque la Disposición transitoria quinta, y el plazo en ella previsto, no es solo una norma procesal de Derecho transitorio con carácter temporal, es, en sí misma, una garantía de no discriminación para las personas con discapacidad cuya capacidad se vio modificada judicialmente (anulada, total o parcialmente) con anterioridad al 3 de septiembre de 2021 con posibles incidencias más allá del Derecho común.
