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Las medidas, incluidas en el Libro Primero del Real Decreto-ley 6/23 de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia en materia del servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se articulan en dos grandes bloques. El primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles. Se establece en dicho decreto el uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos por la Administración de Justicia. En este artículo se cuestiona si la Administración de Justicia está preparada para asumir en breve tiempo lo establecido en la norma, teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de los juzgados no cuentan con los sistemas tecnológicos que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.
