La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid recibió una consulta planteada por una Subdirección dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en relación a la posibilidad de cifrar el nombre y apellidos de los posibles adjudicatarios de plazas de Educación de Adultos en los Centros Penitenciarios mediante el sistema de concurso de traslados.