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Eva Hernández Ramos
La protección ambiental ha evolucionado hacia un imperativo corporativo global impulsado tras el Acuerdo de París de 2015, exigiendo que los actores económicos participen en el desarrollo sostenible bajo una perspectiva integral que engloba dimensiones económicas, sociales y ambientales. En este artículo analizaremos el marco jurídico de la Unión Europea, especialmente la Directiva 2022/2464 sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que establece obligaciones de reporte ESG (Environmental, Social, and Governance), así como el Reglamento de Taxonomía (EU/2020/852). Sin embargo, aunque las PYMEs no cotizadas, que conforman el 90% del tejido industrial europeo, no están obligadas directamente por estas normativas, sí pueden verse compelidas a su cumplimiento en sus cadenas de suministro. Examinamos los desafíos e incoherencias de esta normativa con el auténtico objeto del desarrollo sostenible, cuestionando si las políticas ESG están adecuadamente adaptadas para no comprometer la viabilidad económica de las PYMEs, a la vez que se promueve la transparencia y se combate el greenwashing
Environmental protection has evolved into a corporate global imperative driven by the 2015 Paris Agreement, requiring economic actors to engage in sustainable development through a comprehensive approach that includes economic, social, and environmental dimensions. This article examines the European Union’s legal framework, focusing particularly on Directive 2022/2464 on Corporate Sustainability Reporting (CSRD), which mandates ESG (Environmental, Social, and Governance), as well as the Taxonomy Regulation (EU/2020/852). However, while non-listed SMEs, which make up 90% of Europe’s industrial landscape, are not directly bound by these regulations, they may still face compliance pressures within their supply chains. We analyze the challenges and inconsistencies of this regulatory framework with the true aim of sustainable development, questioning whether ESG policies are appropriately adapted to avoid compromising the economic viability of SMEs, while promoting transparency and combating greenwashing
