Acceso usuarios
El Real Decreto 424/2017 supuso una regulación integral del control interno en las entidades locales, clarificando las funciones del interventor y fortaleciendo su seguridad jurídica. Esta norma responde a los cambios en la Administración Pública y a la necesidad de modernizar los sistemas de fiscalización. El RD establece que el interventor solo es responsable del expediente completo que recibe, eliminando exigencias injustas. Además, limita su responsabilidad penal y contable, siempre que actúe conforme a la legalidad prevista. Así, el interventor deja de ser un garante absoluto y pasa a ejercer una función reglada y acotada.
