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El Real Decreto regulador del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, tiene como una de sus misiones principales reforzar y clarificar el ejercicio de las funciones reservadas, así como garantizar una mayor profesionalidad y eficacia. La función de asesoramiento jurídico atribuida a la Secretaría, a menudo genera tensiones con la labor de control interno que se le atribuye a la Intervención; cada vez con un cariz más jurídico. Siete años después de la entrada en vigor del mismo, merece la pena mantener el debate sobre la consecución de estos objetivos a través de casos y algunos ejemplos concretos.
