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Matias Oscar Muñoz
La idea de establecer normas procesales para los procesos colectivos en general y, consecuentemente, para las denominadas acciones de clase en particular, parece aun encontrarse en fases embrionarias. En efecto, las únicas guías radican en las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -cuya validez constitucionalidad puede ser cuestionada-, así como también en normas sustantivas como la Ley de defensa del consumidor y en las disposiciones procesales sancionadas a tal efecto por algunas Provincias. Esa orfandad regulatoria queda expuesta en los precedentes. El dilema entre limitar el dispositivo previsto constitucionalmente y, a su vez, la existencia de inseguridad jurídica derivada de la inexistencia de reglas aptas para un proceso de estas características debe ser superado.
The idea of establishing procedural norms for collective processes in general and, consequently, for so-called class actions, seems to still be in embryonic stages. The only guidelines lie in those rules upon by the Argentinian Supreme Court of Justice - whose constitutional validity can be questioned - as well as in substantive regulations such as the Consumer Defense Law and in the procedural provisions sanctioned for this purpose by some Argentinian provinces. This regulatory orphanhood is exposed in the precedents. The dilemma between limiting the constitutionally provided device and, in turn, the existence of legal uncertainty derived from the lack of rules suitable for a process of these characteristics must be overcome.
