El presente trabajo examina la regulación vigente de la iniciativa pública económica, prestando especial atención a su regulación en la legislación local tras la LRSAL. Se ponen de relieve las condiciones sustantivas y formales para poder llevar a cabo esta actividad económica, y se expone un caso concreto en el que los tribunales frustraron el ejercicio de la iniciativa económica por el Ayuntamiento de Barcelona.