La potestad normativa de las entidades locales es una herramienta esencial para la dirección política de sus intereses, si bien la regulación del procedimiento para la tramitación y aprobación de normas locales se encuentra dispersa en la legislación de régimen local y en la sectorial, lo que dificulta su conocimiento y cumplimiento. La incorrecta aplicación de esta regulación desperdigada ha motivado la anulación por los tribunales, entre otras, de las ordenanzas reguladoras de zonas de bajas emisiones, que afectan a miles de personas, en las ciudades de Madrid y Barcelona.