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Desde su aprobación en 1985, la LBRL pretendía ser el centro de un nuevo sistema de derecho local, a cuyo alrededor debían girar otros tipos normativos: el Texto Refundido de Régimen Local, sus reglamentos de desarrollo y actualización, las leyes autonómicas de desarrollo, las posibles leyes especiales, y las normas aprobadas por las propias entidades locales.
Cuarenta años después, el sistema no ha permanecido tal y como estaba diseñado. En primer lugar, las distintas reformas de la LBRL (así como diversas normas estatales que la han complementado) han ido ocupando cada vez mayor espacio, a costa de la posible regulación autonómica de desarrollo, actualmente muy limitada. El intento de frenar esta expansión mediante los nuevos estatutos de autonomía, aprobados a partir de 2006, resultó fallido como consecuencia de la STC 31/2010, sobre el Estatuto catalán, de manera que la recuperación del espacio legislativo autonómico pasa hoy necesariamente por un adelgazamiento de la LBRL. En segundo lugar, el Texto Refundido de Régimen Local de 1986, en la medida en que una parte importante de su articulado se dictó como meramente supletoria, carece hoy de legitimidad constitucional, y lo mismo se puede decir de sus reglamentos de desarrollo. En tercer lugar, las leyes especiales que podían desplazar a la LBRL no han cumplido plenamente su función, siendo frecuentemente objetadas por los tribunales. Finalmente, las normas locales, que inicialmente gozaban de una posición muy secundaria en el sistema de la LBRL, han mejorado su posición relativa.
