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Emilia Girón Reguera
La nueva era de la globalización ha conducido a la firme defensa de la universalización de los derechos humanos, pero paralelamente, como reacción, han aflorado reivindicaciones de un mayor reconocimiento de identidades diversas, lo que se ha traducido en una mayor preocupación por el respeto de los derechos de las minorías. Un doble proceso, por un lado, el avance hacia un constitucionalismo global y, por otro, la defensa de las identidades nacionales, solo contradictorio en apariencia, porque ambos son complementarios y contribuyen a garantizar la convivencia democrática. Las actuales democracias “liberales” afrontan el importante reto de acomodar las diferencias sin que se resienta la unidad y cohesión de unas sociedades cada vez más plurales y complejas. En este contexto, este estudio pretende visibilizar el potencial del Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa, en su treinta aniversario, para preservar los derechos de las personas pertenecientes a grupos nacionales en los países europeos. El reconocimiento y protección de las comunidades minoritarias es un instrumento pluralizador del ordenamiento. Desde la perspectiva de que la diversidad es una fuente y un factor, no de división, sino de enriquecimiento de cada sociedad, la Convención requiere a los Estados europeos complejos, que son la mayoría, a apostar por la protección del pluralismo, lo que cobra máxima relevancia ante una Europa diversa y plural. El estudio finaliza con una reflexión sobre el difícil equilibrio que supone tutelar la diversidad, sin generar desigualdades de derechos entre los ciudadanos y los territorios, que afecten negativamente a la convivencia en armonía, a la que el pluralismo aspira. El constitucionalismo democrático del siglo XXI debe velar por el pluralismo, sin menoscabo del principio de igualdad, pilar sobre el que se cimienta el Estado Constitucional de Derecho, garantizando que la protección dispensada a grupos nacionales reconocidos no represente un impedimento para los derechos de nuevos colectivos minoritarios emergentes.
The new era of globalization has led to the defence of the universalization of human rights, but at the same time, as a reaction, demands for greater recognition of diverse identities have emerged, which has resulted in increased concern for the respect of minority rights. A double process, on the one hand, the advance towards a global constitutionalism and, on the other, the defense of national identities, only apparently contradictory, because both are complementary and contribute to guarantee democratic coexistence. Today’s "liberal" democracies face the major challenge of accommodating differences without resenting the unity and cohesion of increasingly pluralistic and complex societies. In this context, this study aims to highlight the potential of the Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities, on its thirtieth anniversary, to preserve the rights of persons belonging to national groups in European countries. The recognition and protection of minority communities is a pluralistic instrument of the system. From the perspective that diversity is a source and a factor, not of division, but of enrichment of each society, the Convention requires the complex European States, which are the majority, to bet on the protection of pluralism, which is most relevant to a diverse and pluralistic Europe. The study ends with a reflection on the difficult balance of protecting diversity, without generating inequalities of rights between citizens and territories, which negatively affect the harmonious coexistence to which pluralism aspires. The democratic constitutionalism of the twenty-first century must ensure pluralism, without prejudice to the principle of equality, the foundation of the constitutional rule of law, ensuring that the protection afforded to recognized national groups does not constitute an impediment to the rights of new emerging minority groups.
