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María Isabel Granados Romera
El estado de saturación en el que se encuentra nuestro sistema judicial precisa de acciones que agilicen la tramitación de los procedimientos y mejoren la eficacia de la Administración de Justicia. Una de las medidas que se ha considerado especialmente adecuada, por parte de nuestros dirigentes políticos, para el alcance de tales objetivos, es la implantación de procedimientos de mediación o conciliación, reduciendo de este modo el número de litigios, y consiguientemente acortar los tiempos de espera, evitando así la dilación de los procesos judiciales. No obstante, intentar acabar con la sobrecarga de la Administración de Justicia, reduciendo el número de ciudadanos que recurren a la misma, encauzándolos hacía un procedimiento extrajudicial configurado como requisito de procedibilidad, obliga a cuestionarse sobre la indemnidad del derecho a la tutela judicial efectiva. Precisamente con este estudio se pretende determinar cuáles son las posibilidades técnicas para obligar a los ciudadanos a la utilización de procedimientos alternativos a la vía judicial, sin lesionar el derecho a la tutela judicial, es decir, la realización de una propuesta garantista para la desjudicialización del conflicto laboral individual.
The saturated state of our judicial system requires actions to speed up the proceedings and improve the efficiency of the Administration of Justice. One of the measures that has been considered particularly appropriate to achieve these objectives is the implementation of mediation or conciliation procedures, with the aim of reducing the number of disputes and to avoid delaying other legal proceedings. However, to try to put an end to the overburdening of the Administration of Justice, reducing the number of citizens who resort to it through an extrajudicial procedure configured as a procedural requirement, forces us to question the indemnity of the right to effective judicial protection. The purpose of this study is exactly to determine the technical possibilities for forcing citizens to use alternative procedures to the judicial process, without harming the right to judicial protection, that is, the realization of a guaranteeing proposal for the de-judicialization of the individual labor conflict.
