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Agustín Ruiz Robledo 
El estudio analiza las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE en Andalucía, originado por una denuncia de extorsión en 2009. Examina los hechos aceptados por los tribunales, los problemas jurídicos en la jurisdicción ordinaria y constitucional. Las diez SSTCs mantienen las condenas por prevaricación y malversación por actos realizados en 2000 y 2001, pero anulan los actos del período 2002-2009 al considerar que la inclusión en las leyes presupuestarias de esos años de una partida presupuestaria de nombre «Programa 3.1.L, Administración de Relaciones Laborales», y con el subepígrafe «Aplicación 440.51, Transferencias al IFA en materia de relaciones laborales», era suficiente para enervar la responsabilidad penal de todos los acusados. El autor considera que para llegar a ese resultado el TC tuvo que, primero, contradecir tres líneas jurisprudenciales previas y, después, realizar unas interpretaciones discutibles de los tipos penales de la prevaricación y la malversación. Además, el TC olvida que los conceptos presupuestarios no pueden ser base legal suficiente para excepcionar toda la legislación sustantiva sobre tramitación y control de las subvenciones autonómicas.
This study analyses the Constitutional Court’s judgments on the ERE case in Andalusia, triggered by an extortion complaint in 2009. It examines the facts accepted by the courts and the legal issues in ordinary and constitutional jurisdic-tions. The ten SSTCs uphold the convictions for prevarication and embezzlement for acts carried out in 2000 and 2001. However, the convictions for the period 2002-2009 were overturned on the basis that the including the “Programme 3.1.L, Labour Relations Administration”, and the subheading “Application 440.51, Transfers to the IFA in matters of labour relations” was sufficient to negate criminal liability. The author argues that to reach this outcome, the TC first had to contradict three previous lines of jurisprudence, and then make questionable interpretations of the criminal offences of prevarication and embezzlement. The TC also overlooked the fact that budgetary concepts cannot provide a sufficient legal ground for not applying all legislation on the processing and control of regional subsidies.
