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Camila Navarro Suárez
Actualmente en Jujuy, 8 mujeres trabajan como conductoras en el transporte público provincial en una planta de 1200 choferes de colectivo. Esta brecha de género laboral se mantiene desde el año 2015, año de su incorporación, hasta la actualidad. En nuestro país existen dos antecedentes judiciales prioritarios que determinan que cada empresa de transporte público debe cumplir con un cupo mínimo de 30% personal femenino en conducción. En un contexto político nacional, donde las políticas públicas y el papel del Estado parecen no importar, desde el norte de Argentina, las colectiveras jujeñas nos demuestran con su lucha y perseverancia la exigencia de cumplir aquellos fallos judiciales que las amparan.
Currently in Jujuy, eight women work as provincial public transport drivers in a plant of 1,200 bus drivers. This labor gender gap has persisted since 2015, the year of its incorporation, until today. In our country, there are two priority judicial precedents that determine that each public transport company must have a 30% quota of female drivers. In a national political context, where public policies and the role of the State do not seem to matter, from the north of Argentina, the women bus drivers from Jujuy show us with their fight and perseverance the demand to comply with those judicial sentences that protect them.
