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Elena Desdentado Daroca 
El recargo de prestaciones que regula el art. 164 LGSS es una figura extraña, híbrida y anacrónica, con un régimen jurídico escaso y confuso. La crítica a esta figura jurídica es prácticamente unánime. Son muchas las voces que defienden la modificación de su régimen jurídico e incluso su supresión, pero el legislador no ha reaccionado ante las críticas y, así, el recargo lleva ya más de un siglo entre nosotros. Esta situación no beneficia a nadie. Los trabajadores o sus causahabientes tienen que enfrentarse a una auténtica maraña de procedimientos administrativos y judiciales para poder cobrar el recargo; si es que, finalmente, lo cobran, porque, al estar prohibido su aseguramiento, las probabilidades de que la TGSS declare la deuda incobrable son altas, más aún teniendo en cuenta el elevado importe de los capitales coste. Tampoco desde la perspectiva empresarial los resultados son satisfactorios: el recargo puede llegar a ser desproporcionado y actuar de forma extemporánea. En este trabajo se reflexiona sobre algunos de los aspectos más problemáticos del régimen del recargo y se ofrecen propuestas de lege data y de lege ferenda como contribución a un debate que es necesario recuperar en el marco de una reforma que no debe esperar más.
The surcharge for social security benefits, established in article 164 of the current Social Security regulation, is an odd concept, hybrid and anachronistic, with an insufficient and confusing legal framework. Criticisms of this concept are practically unanimous. Many are those who defend its modification, even its suppression, but legislators have not taken any action in the face of these criticisms and so, this peculiar surcharge has been with us for over a century. This situation benefits nobody. Workers or their successors have to face a tangle of administrative and judicial proceedings in order to receive the surcharge; if they do in fact receive it at the end of the road, because, since employers are not allowed to have insurance for it, there is a high probability that the Treasury of Social Security will declare the surcharge uncollectible, especially when the sums are often very high. Results are no more satisfactory from the employer's perspective: the surcharge might be disproportionate or mistimed. This paper reflects on some of the most problematic aspects of this legal concept and offers some suggestions in terms of lex data and lex ferenda, as contributions to a debate that must be reopened about an urgent legal reform.
