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Por medio del Proyecto Libertad, de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, se desarrolló un diagnóstico exploratorio sobre la criminogénesis y las actuaciones procesales de las personas con sordera severa penalmente procesadas en Colombia, entre diciembre 2011 y marzo 2024. Previa revisión de la literatura especializada disponible, se realizó una búsqueda de los casos de personas sordas penalmente procesadas y privadas de la libertad, una lectura sistemática del material procesal de cada situación, y se implementaron entrevistas semiestructuradas con los interesados. Se aplicó el Test de Raven para evaluar el nivel cognitivo de aquellos sujetos en quienes se observaron posibles deficiencias en ese aspecto, con el fin de impulsar acciones judiciales en su beneficio cuando no se había hecho. Entre los aspectos encontrados resalta una elevada proporción de procesados por delitos sexuales y homicidio, cuyas causas podrían ser carencias educativas, adquisición de enfermedades (meningitis, rubeola, etc.) o factores genéticos que pudieron conllevar limitaciones cognitivas. Se registró una importante participación de personas de origen rural, así como un nivel educativo bajo, pocos esfuerzos judiciales para impulsar inimputabilidades cuando la situación lo podría ameritar, desconocimiento por parte de los operadores judiciales de la realidad de los sordos, invisibilidad de estos casos en el marco carcelario y judicial, elevada proporción de juicios superior a la media del sistema y una elevada incidencia de sujetos con deficiencia cognitiva.
The Freedom Project of Colombia’s Attorney General’s Office, provides an exploratory diagnosis of the criminalization and procedural treatment of severely deaf individuals prosecuted between December 2011 and March 2024. Following a thorough review of legal documents, case files, and semi-structured interviews, and incorporating cognitive assessments using the Raven Test, the research uncovers systemic deficiencies. A significant number of cases involve sexual and violent offenses, often linked to cognitive challenges rooted in educational disparities, illness,(meningitis, rubella, etc.) or genetic factors. The findings expose a pattern of judicial neglect, limited institutional awareness, and prolonged trials, highlighting the urgent need for inclusive legal standards and protections for deaf individuals within the justice system.
