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El cambio climático y las políticas destinadas a mitigarlo plantean riesgos significativos para las estructuras sociales, económicas e institucionales, a menudo exacerbando las desigualdades existentes y creando nuevas vulnerabilidades. Los grupos socioeconómicamente desfavorecidos, las comunidades geográficamente aisladas y quienes se enfrentan a una marginación sistémica se ven afectados de forma desproporcionada tanto por los impactos relacionados con el clima como por las medidas reguladoras diseñadas para abordarlos. Estos retos incluyen el desplazamiento de puestos de trabajo, la pobreza energética y una mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos. A pesar de las amplias iniciativas climáticas de la Unión Europea en el marco del Pacto Verde Europeo -como el Mecanismo de Transición Justa (MTJ) y el Fondo Social para el Clima (FSC)-, la protección social sigue estando insuficientemente integrada en las estrategias climáticas. Este artículo examina el papel fundamental de la protección social a la hora de abordar estos retos mitigando los riesgos socioeconómicos, promoviendo la equidad y fomentando la resiliencia. El artículo identifica las principales lagunas en las políticas actuales de la UE y destaca cómo los sistemas de protección social pueden abordar las desigualdades, apoyar a los trabajadores desplazados, aliviar la pobreza energética y responder a las crisis inducidas por el clima. Además, explora las reformas para adaptar los sistemas de protección social a los objetivos climáticos, garantizando al mismo tiempo la equidad y la sostenibilidad. El artículo aboga por un enfoque sinérgico en el que la protección social se convierta en una piedra angular de la acción climática equitativa, garantizando que ninguna comunidad se quede atrás en la transición hacia una economía climáticamente neutra.
