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Los procesos de evaluación para el ascenso en el ámbito de las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente condicionados por las distintas instrucciones que, de acuerdo con la potestad de autoorganización de la Administración militar, fijan los distintos criterios a valorar durante dicha evaluación, en función de las distintas necesidades organizativas concurrentes. Dicho condicionamiento plantea problemas relevantes en torno a la aplicación de unas u otras instrucciones, con criterios dispares cada una de ellas, vigentes en distintos lapsos temporales en un mismo proceso de evaluación, que la Audiencia Nacional parece haber zanjado en tiempos recientes.
