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La vía penal ofrece al legítimo poseedor de un inmueble dos instrumentos —allanamiento de morada y usurpación— para reaccionar frente a la ocupación ilegítima. Este artículo sistematiza su regulación vigente, los criterios jurisprudenciales consolidados y el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, que incorpora el juicio rápido y refuerza las medidas cautelares de desalojo. Se delimitan los requisitos típicos, las exclusiones por buena fe, la relación con los principios de intervención mínima e in dubio pro reo y se formulan pautas prácticas para la acusación y la defensa.
