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, Nieves Carrera Pena
La crisis de 2008 evidenció fallos en la supervisión, incluida la auditoría externa. Para reforzar la independencia, la UE impulsó en 2014 una norma que obliga a las empresas cotizadas a rotar de auditor cada diez años. España la aplicó con flexibilidad creciente. Este estudio analiza el impacto en el IBEX 35 (2013–2023): la mayoría de los cambios de auditor fueron voluntarios y previos a la obligación, sin romper el oligopolio de Deloitte, EY, KPMG y PwC, que auditan al 100 % del índice. ¿Honorarios? Estables: 5,6 millones antes y 5,5 millones después. En proporción a los ingresos, sube levemente la media, pero baja la mediana. La rotación no ha encarecido el servicio. En 2022, España amplió los plazos hasta 20–24 años en ciertos casos. Solo una empresa del IBEX optó por auditoría conjunta. La rotación ha impulsado cambios, pero no ha alterado la concentración ni resuelto los retos de independencia.
