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Ana Carretero García 
La Comisión Europea pone de manifiesto que los productos que pueden repararse, pero que se eliminan prematuramente, generan 35 millones de toneladas de residuos; emplean 30 millones de toneladas de recursos; y producen 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año en la UE. Además, el cálculo de las pérdidas para las personas consumidoras que se decantan por la sustitución en lugar de por la reparación se cifra en casi 12.000 millones de euros al año.
Para restablecer los ecosistemas, mejorar la salud humana y garantizar los derechos de las personas consumidoras, es necesario reducir, reutilizar y promover la fabricación de productos más fáciles de reparar con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos y minimizar la generación de residuos.
Las instituciones comunitarias insisten en la importancia de mejorar la durabilidad de los bienes como factor clave para la sostenibilidad, por lo que resulta oportuno evaluar si, dentro del nuevo marco normativo, la reciente Directiva (UE) 2024/1799 se configura o no como una herramienta eficaz para fomentar un uso más prolongado de los productos, promover la reparación tanto dentro como fuera del marco de las garantías de conformidad y avanzar hacia patrones de producción y consumo más sostenibles.
El planteamiento normativo, al menos en teoría, es hacer frente a los diferentes obstáculos que disuaden a los consumidores de realizar reparaciones, de modo que es preciso abordar en qué medida las líneas de actuación y los objetivos de sostenibilidad propuestos en el ámbito comunitario permean la nueva Directiva dirigida a promover la reparación de bienes, analizando si las disposiciones adoptadas resultan o no adecuadas para alcanzar las metas señaladas.
