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Pilar Domínguez Martínez
La Ley Orgánica 1/2025 introduce un cambio estructural en los litigios de consumo, imponiendo la reclamación extrajudicial o negociación previa como requisito obligatorio antes de demandar. Además, consagra un régimen sancionador que penaliza a empresarios que incumplan su deber de restitución en casos de cláusulas abusivas ya declaradas nulas. La reforma redefine el acceso a la justicia, promoviendo los “Medios Adecuados de Solución de Controversias” (MASC) y limitando el abuso del servicio público de justicia. También modifica la regulación de costas y honorarios, permitiendo su tasación cuando el consumidor haya reclamado previamente. Aunque busca reducir la litigiosidad y agilizar procesos, la norma plantea desafíos en su aplicación y posibles barreras para los consumidores más vulnerables.
