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Styliani M. Christoforidou
A continuación me centraré en la jurisprudencia del Consejo de Estado (en adelante, CdE) relativa a la privatización del agua que se ha intentado llevar a cabo durante la última década en vista de las obligaciones internacionales que el país ha contraído para pagar sus obligaciones de deuda pública. El activismo judicial adoptado por el CdS en el contexto de estos casos no es necesariamente censurable. Esta resistencia se basa en la interpretación de los artículos 5.5 (sobre el derecho individual a la salud) y 21.3 de la Constitución (salud pública). El comentario tiene por objeto poner de relieve los límites y condiciones de la privatización del agua debe buscarse otro terreno interpretativo más sólido.
The following focuses on the jurisprudence of the Council of State (hereinafter CoS) regarding the privatization of water that has been attempted over the last decade in view of the international obligations that the country has undertaken to repay its public debt obligations. The judicial activism adopted by the CoS in the context of these cases is not nec-essarily reprehensible. This resistance is based on the interpretation of Articles 5 para 5 (on the individual right to health) and Article 21 para 3 of the Constitution (public health). As the comment aims to highlight the limits and conditions of the privatization of the water must be sought to another, more solid, interpretative ground.
