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Wanjiku Kihato, Caroline
Reino Unido
El impulso por la libre circulación de personas y las políticas de inclusión en África del Sur continúa por los beneficios percibidos para todos los migrantes, in-cluidos los refugiados y otros migrantes forzados. Esta labor de defensa suele estar guiada por marcos normativos derivados de protocolos legales internacionales y de las obligaciones de los Estados frente a estos mecanismos. Sin embargo, estos enfoques a menudo pasan por alto los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrentan los Estados. En la región de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), el alto desempleo, las escasas perspectivas económicas, la fragmentación política y el populismo obstaculizan la integración regional. Como resultado, es poco probable que la defensa directa de la migración logre cambiar las políticas estatales a corto o medio plazo. Basándonos en más de cincuenta entrevistas a informantes clave —responsa-bles de políticas y actores relevantes a nivel internacional, regional y nacional—, soste-nemos que la efectividad de los protocolos sobre la libre circulación de personas y de las políticas de inclusión en África Austral dependen del reconocimiento y la gestión de la economía política de la integración a nivel local, regional y nacional.
The push for free movement of persons and inclusion policies in Southern Africa continues due to the perceived benefits to all migrants, including refugees and other forced migrants. Advocacy is commonly driven by normative frameworks derived from international legal protocols and nations' obligations to these mechanisms. However, these approaches often overlook the political, economic and social challenges that states face. In the Southern African Development Community (SADC) region, high unemployment, poor economic prospects, fragmented politics, and populism hinder regional integration. As a result, direct migration advocacy is unlikely to shift state policy in the short or medium term. Drawing on over fifty key informant interviews with policy makers and stakeholders at international, regional and national levels, we argue that the effectiveness of free movement of persons protocols and inclusion policies in Southern Africa depends on recognising—and navigating—the political economy of integration across regional, national, and local levels.
