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Javier Martín Reyes
La reforma electoral de 2022-2023 —el “Plan B” del presidente López Obrador— pretendía transformar profundamente el sistema electoral mexicano. Por sus múltiples problemas de inconstitucionalidad, fue controvertida y eventualmente invalidada en su totalidad por la Suprema Corte. Se ha dicho que esta decisión muestra cómo las instituciones y contrapesos han frenado el retroceso democrático en México. Sin embargo, la Corte anuló esta reforma exclusivamente por violaciones al procedimiento legislativo y no analizó ninguno de los aspectos sustantivos del Plan B. Consecuentemente, después de 2024, se podrían aprobar reformas similares o idénticas. Este artículo muestra que la decisión de la Corte brindó una solución contundente de cara a las elecciones de 2024, pero constituyó un precedente acotado para futuras reformas.
The 2022-2023 electoral reform—President López Obrador's "Plan B"—aimed to profoundly transform the Mexican electoral system. Due to its numerous unconstitutional issues, it was controversial and eventually invalidated in its entirety by the Supreme Court. It has been said that this decision demonstrates how institutions and checks and balances have curbed democratic backsliding in Mexico. However, the Court annulled this reform exclusively due to violations of the legislative procedure and did not analyze any of the substantive aspects of Plan B. Consequently, after 2024, similar or identical reforms could be approved. This article argues that the Court's decision provided a forceful solution for the 2024 elections, but constituted a limited precedent for future reforms.
