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Ana Rosa Argüelles Blanco
Este artículo examina el impacto que han tenido en la negociación colectiva los compromisos contraídos por los agentes sociales firmantes del V Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Presenta un análisis crítico de todos los convenios colectivos sectoriales estatales publicados en el año 2024 y una muestra de convenios negociados a nivel de empresa, identificando cuáles son las materias que no han sido suficientemente abordadas y los aspectos que requieren que se les preste una mayor atención por parte de las mesas de negociación, enriqueciendo los contenidos de los pactos futuros. El estudio se centra después en valorar las cláusulas que contribuyen a generar una cultura preventiva en las empresas y personas trabajadoras, así como en las que proporcionan herramientas para la evaluación y la lucha contra los riesgos psicosociales, en especial el estrés y el acoso moral. Se concluye evaluando en qué medida la autonomía colectiva ha cumplido la esperada función de complemento y mejora de la legislación de prevención de los riesgos laborales.
This article examines the impact of the commitments made by the social partners who signed the Fifth Agreement for Employment and Collective Bargaining on occupational health and safety. It presents a critical analysis of all national sectoral collective agreements published in 2024 and a sample of company-level agreements, identifying which issues have not been sufficiently addressed and the aspects that require greater attention from the negotiating tables, thereby enriching the content of future agreements. The study then focuses on evaluating the clauses that contribute to generating a preventive culture in companies and among workers, as well as those that provide tools for the assessment and combat of psychosocial risks, particularly stress and psychological harassment. It concludes by assessing the extent to which collective autonomy has fulfilled the expected role of complementing and improving occupational risk prevention legislation.
