Naturaleza jurídica de los contratos de las empresas del Estado en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas y la dudosa potestad para anular de oficio sus contratos

• Autores: Getulio Iván Ordinola Talledo
• Localización: Revista Digital de Derecho Administrativo, ISSN-e 2145-2946, Nº. 34, 2025, págs. 203-239
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Legal Nature of State-Owned Enterprise Contracts Under the General Public Procurement Law and the Questionable Authority to Unilaterally Annul Them
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• Resumen
  • español

    Son pocas las investigaciones que se han realizado en el Perú sobre la naturaleza jurídica de las empresas del Estado, pues la atención siempre ha estado puesta en el análisis del principio de subsidiariedad o en la cláusula de actuación subsidiaria. Esto justifica todo esfuerzo tendiente a identificar la forma en que las empresas estatales se asemejan a la Administración pública, así como la incidencia que tiene el régimen de contratación pública al ser destinatario de fondos públicos para proveerse de bienes, servicios y obras. A partir de estas consideraciones se propone determinar la naturaleza de los contratos que suscriben las empresas del Estado al estar sometidas al ámbito de aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas. Es por esto que se cuestiona la atribución legal de potestades administrativas, entre las cuales está la revisión de oficio de sus actos, incluyendo los vínculos contractuales, atributos que pueden romper con el plano de igualdad que normativamente se consagra para participar en el tráfico económico, concurriendo con las empresas privadas

  • English

    Few studies have been conducted in Peru on the legal nature of state-owned enterprises, since attention has traditionally focused on analyzing the princi¬ple of subsidiarity or the clause of subsidiary action. This justifies any effort aimed at identifying the ways in which State enterprises resemble the public administration, as well as the impact of the public procurement regime, given that these entities receive public funds to acquire goods, services, and works. Based on these considerations, this paper seeks to determine the nature of the contracts entered into by state-owned enterprises, given their subjection to the scope of the General Public Procurement Law. For this reason, the legal attribution of administrative powers is called into question - particularly the power to review their actions ex officio, including contractual relationships - as such powers may undermine the level playing field established by law for participation in economic activity alongside private companies