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Catalina Molina Lozano
Las asociaciones público-privadas de iniciativa privada se caracterizan por el hecho de que el proyecto recae principalmente en un particular. A pesar de que su estructuración también proviene del sector privado, lo cierto es que las entidades estatales, por las cargas derivadas del deber de planeación, contribuyen a la estructuración del mismo y son quienes entran a evaluar su viabilidad. A partir de esta observación, se propone en el presente artículo que los estructuradores privados no sean los únicos responsables de los errores que se cometen durante la etapa de estructuración del proyecto. Esta postura se fundamenta en los deberes jurídicos que se derivan del principio planeación contractual, los cuales recaen en las entidades contratantes, de modo que no es viable que sea trasladado por completo a los particulares
Privately initiated public-private partnerships are distinguished by the fact that the project is primarily proposed and driven by a private entity. Although the initial structuring originates in the private sector, public authorities – by virtue of their obligations under the duty of planning – also contribute to the structuring process and are ultimately responsible for evaluating the project’s feasibility. In light of this, the article argues that private developers should not bear sole responsibility for errors arising during the structuring phase. This position is supported by the legal obligations inherent in the principle of contractual planning, which are incumbent upon the contracting authorities, thereby rendering it inappropriate to transfer full responsibility to private actors
