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Los conflictos armados actuales provocan efectos devastadores en la infancia. Los niños, niñas y adoles-centes son víctimas de violaciones gravísimas de las normas del Derecho Internacional Humanitario que los Estados se han comprometido a perseguir y sancionar. Para terminar con la impunidad de estos crímenes y proteger a la infancia es necesario reafirmar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a obtener reparaciones. Los tribu-nales penales internacionales y, concretamente la Corte Penal Internacional, pueden ser una de las vías más eficaces para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer valer estos derechos. No obstante, para que su participación en el proceso sea realmente efectiva, es necesario que esté adaptado a sus necesidades particulares y circunstancias personales, teniendo como consideración primordial el interés superior del niño, y protegiendo su dignidad y segu-ridad, de manera que se evite una victimización secundaria que le coloque en situaciones de riesgo o peligro para su integridad física y psicológica, y aumente el sufrimiento provocado por los crímenes cometidos contra el mismo. La finalidad del acceso a la justicia es que las víctimas obtengan una reparación apropiada y proporcional a los daños recibidos. Esta reparación debe ir encaminada a la recuperación y reintegración de los niños para que puedan alcan-zar el mayor grado posible de disfrute de sus derechos humanos y lograr su pleno desarrollo.
