Acceso usuarios
Nathalia Paola Bonilla Cueva
El cantón San Lorenzo, ubicado en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, se encuentra enmarcado por el bosque del Chocó, un ecosistema megadiverso considerado uno de los diez puntos críticos del mundo. Esta área está habitada principalmente por comunidades afrodescendientes e indígenas. En la actualidad, tanto el ecosistema como sus habitantes enfrentan amenazas significativas debido al extractivismo agroindustrial de la palma aceitera. Esta actividad, que se sostiene en el racismo estructural, junto con el abandono del Estado, está generando deforestación de los bosques, pérdida de biodiversidad, destrucción de las fuentes vitales para la subsistencia, devastación ambiental y empobrecimiento en las comunidades afroecuatorianas que habitan la zona.
La comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier implementa estrategias de defensa territorial y ambiental desde 2017. La empresa palmicultora Energy & Palma ha respondido interponiendo una demanda penal por 350.000 dólares contra siete de sus líderes. Esta acción se enmarca en su estrategia para mantener el control de la zona, aprovechándose de la debilidad del sistema judicial, la corrupción y su poder político y económico. En respuesta a esta situación, la comunidad ha fortalecido su organización y ha tejido una red de alianzas no solo para proteger a los defensores, sino también para exigir la restitución de su territorio.
The Canton of San Lorenzo, located in the province of Esmeraldas, Ecuador, is surrounded by the Chocó Forest, a megadiverse ecosystem considered one of the 10 hotspots in the world. This area is inhabited mainly by Afro-descendant and indigenous communities. However, both the ecosystem and its inhabitants face a significant threat from agroindustrial oil palm extractivism. This activity, supported by a system of structural racism and state neglect, generates environmental suffering and environmental racism in the communities.
The Afro-Ecuadorian community of Barranquilla de San Javier has been implementing a territorial and environmental defense strategy since 2017. However, the palm oil company Energy & Palma has responded by filing a criminal complaint for $321,000 against seven of their leaders. This action is part of their strategy to maintain control over the area, taking advantage of the weakness of the judicial system, corruption, and their political and economic power. In response to this situation, the community has strengthened its organization and woven a network of alliances, not only to protect the defenders, but also to demand the return of their territory.
